La fiscalía pide el archivo de la segunda causa contra Shakira por fraude a Hacienda

La Fiscalía de Barcelona ha pedido el archivo de la segunda causa abierta en un juzgado contra Shakira por haber defraudado a la Agencia Tributaria 6,1 millones de euros en el ejercicio de 2018, al considerar que no existen indicios suficientes de la comisión de los dos delitos por los que estaba acusada. Sin embargo, la acusación pública entiende que existe "una obligación tributaria" por parte de la cantante y que esta deberá pagar esa deuda con la agencia tributaria española y la catalana por vía administrativa.

De esta manera, la fiscal Carmen Martín Aragón apoya la petición de sobreseimiento que presentaron hace tres meses los abogados de la cantante, Pablo Molins y Miriam Company. Las fuentes consultadas por El Periódico de Cataluña, del mismo grupo editorial, aseguran que la agencia tributaria española y la catalana también solicitan el archivo. Este proceso judicial nació a raíz de una querella presentada por la misma fiscalía en la que sostenía que la artista colombiana se aprovechó de un "entramado societario", con una empresa radicada en Luxemburgo, para no pagar impuestos en España. En estas operaciones también participaron compañías en España, Países Bajos, Islas Vírgenes Británicas, Malta, Panamá y Liechtenstein. Tras la apertura de esta segunda causa, Shakira depositó en el juzgado los 6,6 millones (algo más de lo que le reclaman).

En noviembre del año pasado, Shakira (Isabel Mebarak Ripoll) ya llegó a un pacto con la fiscalía, la Abogacía del Estado y la Generalitat, que ejerce también la acusación, en la primera querella presentada contra ella por defraudar a Hacienda. Así consiguió que se le rebaja la petición de 8 años y un mes de prisión y multas por 23,8 millones de euros a una pena de tres años de prisión (seis meses por cada uno de los seis delitos) y una multa de 7,3 millones de euros por un fraude a Hacienda de 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014. El tribunal de la Audiencia de Barcelona dictó ese día una sentencia condenatoria 'in voce' y sustituyó la ejecución de la pena de prisión, por lo tanto no decidió su ingreso en un centro penitenciario, por una multa de 432.000 euros (400 euros por día). "Mis hijos me lo han pedido", afirmó la cantante a través de un comunicado, en el que critica la actuación de la Agencia Tributaria.

La nueva querella

El segundo proceso contra la cantante, en el que ahora la fiscalía reclama el archivo, se abrió meses antes de que se celebrara ese primer juicio que desembocó en una sentencia de conformidad. En esa nueva querella, la misma fiscalía relataba que Shakira residía en 2018 en Esplugues de Llobregat junto con su entonces pareja, el exfutbolista Gerard Piqué y sus dos hijos. Al ser residente en España "estaba obligada", incidía el ministerio público, a presentar las declaraciones de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) e Impuesto de Patrimonio por el total de sus rentas a nivel mundial, con independencia del lugar donde se hubiera producido el trabajo o la residencia del pagador.

En concreto, la fiscalía sostenía que la artista colombiana no comunicó rendimientos por importe de 12,5 millones de dólares percibidos en forma de anticipo del 2011 y devengados en 2018 con ocasión de su gira musical "El Dorado" y tampoco otros 2,5 millones de euros que fueron domiciliados en dos sociedades interpuestas. Asimismo, según el escrito de la fiscalía, la cantante dedujo gatos por duplicado por importe de tres millones de euros, por la amortización de sus propios derechos musicales por importe superior a otros tres milllones y por gastos personales "no justificados" por 500.000 euros.